Concejal denuncia contrato irregular sobre fotomultas y exige devolución de multas excesivas cobradas a la población de Tarija
La concejal Raquel Ramos explicó que, tras revisar el procedimiento aplicado en un proyecto municipal de educación y control vial, se evidenció que no cumplía con lo establecido en la Constitución Política del Estado ni con la normativa vigente del gobierno municipal. Señaló que el mecanismo implementado terminó afectando el bolsillo de los tarijeños, debido a que el proyecto “era más sancionatorio que educativo”.
Ramos sostuvo que estaban de acuerdo con la necesidad de un proyecto de educación vial, pero observó que la propuesta estaba orientada principalmente al sistema de penalización, con multas superiores a 300 bolivianos, que incluso se incrementaban día a día por el uso de USB. Explicó que el sector del autotransporte manifestó su molestia al indicar que las multas se habían acumulado hasta llegar a 2.000, 3.000 y 4.000 bolivianos.
La concejal detalló que, durante la revisión jurídica, se evidenció que el contrato aplicado no se adecuaba a los marcos legales, ya que se lo firmó bajo la figura de concesión de servicios, pese a que dicho mecanismo no contempla la imposición de multas en materia de educación vial. Indicó que el municipio delegó todas sus competencias a la empresa privada, la cual elaboraba reglamentos, ejecutaba el plan sancionatorio y definía procedimientos. “La empresa era juez y parte, realmente la empresa hacía todo”, enfatizó.
Ramos recordó que el alcalde también comunicó la solicitud de anulación del contrato. Sin embargo, advirtió que la afectación económica ya ocurrió, por lo que exigió que la empresa devuelva los montos cobrados a los ciudadanos. Señaló que esta solicitud fue presentada al gobierno municipal, pero aún no obtuvieron respuesta.
Asimismo, la concejal informó que se pidió una auditoría al pleno del Concejo Municipal, pero el trámite quedó paralizado en la Comisión Jurídica. Explicó que actualmente no existe quórum reglamentario, ya que la expresidenta de la comisión, Marcela Guerrero, ahora es senadora, y el concejal César Mentasti, también integrante, igualmente pasó al Senado. Esta falta de miembros impide tratar la solicitud. “No tenemos los tres miembros”, lamentó Ramos, indicando que el proceso está trancado y paralizado.
Vía La Voz de Tarija
