Petrobras entra a Tariquía y procesa a 17 comunarios
A tempranas horas de este lunes, cuando apenas clareaba el día en el municipio de Entre Ríos, comunarios del cantón Chiquiacá fueron sorprendidos por un fuerte contingente policial que, en medio de forcejeos y tensión, rebasó el punto de vigilia instalado en la zona de Quebrada Las Vacas para permitir el ingreso de la empresa Petrobras Bolivia al área donde se proyecta el pozo exploratorio Domo Oso X-3 (DMO-X3), en inmediaciones de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
Según relataron los pobladores, un convoy de al menos 13 vehículos, escoltado por aproximadamente 40 efectivos policiales, avanzó hasta el campamento del proyecto petrolero, generando rechazo no solo en las comunidades directamente afectadas, sino también en distintos sectores de la ciudad de Tarija, donde persiste la oposición al ingreso de actividades extractivas en la zona protegida.
El operativo reavivó un conflicto que lleva años latente. Al menos nueve comunidades del cantón Chiquiacá rechazan el ingreso de las petroleras a Tariquía y recuerdan que existe un mandato de cabildo departamental que exige la protección integral de la reserva, considerada una de las principales fuentes de agua y biodiversidad del sur del país.
“Pasaron por encima de nosotros”
La activista ambiental y defensora de Tariquía, Nelly Coca, lamentó que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz haya recurrido a la fuerza pública para romper la vigilia comunal y abrir paso a la empresa petrolera.
“Pensábamos que con este gobierno iba a haber un cambio para nosotros, teníamos la esperanza de que iban a respetar Tariquía. Él (Rodrigo Paz) cuando era senador ha ido a mi casa, hemos firmado un acta que dice que no va dejar entrar a las petroleras, que va a defender la reserva, sin embargo, es el primero en enviar a la fuerza pública para que nos retengan y pasen por encima de nosotros”, dijo.
Coca relató que los efectivos policiales sujetaron a los comunarios y los retiraron del camino para despejar el paso a la empresa, en un operativo que, según los defensores, no priorizó el diálogo ni la mediación.
Procesos contra 17 comunarios
Después del ingreso policial, el conflicto escaló al plano judicial. Los comunarios denunciaron una persecución penal tras ser notificados con un requerimiento fiscal que involucra a 17 personas, citadas a declarar en un plazo de 24 horas.
La investigación fue iniciada por la Fiscalía de Entre Ríos, provincia O’Connor, tras una denuncia presentada por el abogado Fernando Vargas Guzmán, quien actúa como asesor jurídico de Petrobras Bolivia S.A. y también en representación de YPFB.
El proceso, registrado bajo el CUD 606102052500182, acusa a los comunarios de los delitos de asociación delictuosa, atribuirse los derechos del pueblo y atentados contra la libertad de trabajo, tipificados en los artículos 124, 132 y 303 del Código Penal.
De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocasionado “daño directo a las actividades petroleras” y el denunciante asegura haber tomado conocimiento de las acciones a través de publicaciones en redes sociales.
Los sindicados son: Ramiro Rodrigo Altamirano Garay, Ruperto Gudiño Jiménez, Aly Albino Mercado Jiménez, Luis Fanor Hoyos Choque, Feliz Choque Vega, Omar Guitián Romero, Mery Vilte Vega, Elizabeth Estrada Choque, José Andrés Miranda Rojas, María Nelly Coca Flores, Rodolfo Garay, Juanita Martina Mercado, María Guerrero, Andrea Giron Guerrero, Barbarita Meza Valdez, Vidal Jiménez y Daniel Farfán Tejerina.
La fiscal de materia Andrea Roymant emitió un Requerimiento Fiscal de Directriz Inicial, instruyendo a la Policía notificar y citar a los sindicados bajo advertencia de emitir mandamiento de aprehensión en caso de incomparecencia. Además, ordenó la recolección de evidencias, registro del lugar de los hechos y la recepción de declaraciones testimoniales.
La ley del 45% y un reclamo pendiente
Nelly Coca recordó que incluso dirigentes del municipio de Entre Ríos han planteado que, antes de permitir el ingreso de las petroleras, se garantice la redistribución del 45% de las regalías, una demanda histórica de la provincia O’Connor. Sin embargo, la norma aún no ha sido aprobada, lo que —según los comunarios— deja a la región sin beneficios directos, mientras los recursos favorecerían principalmente a la Región del Chaco.
Petrobras dice tener permisos en regla
A través de un pronunciamiento oficial, Petrobras Bolivia afirmó que el proyecto DMO-X3 cuenta con todas las autorizaciones legales, incluyendo licencia ambiental otorgada en julio de 2025, tras un proceso de consulta pública y la aprobación del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental.
La empresa sostuvo que el pozo se encuentra fuera de la Reserva de Tariquía y que el contrato de servicios petroleros con YPFB fue aprobado por ley. Asimismo, denunció la vulneración de sus derechos al libre tránsito y al trabajo, motivo por el cual acudió a instancias legales.
Petrobras reafirmó su compromiso con la sostenibilidad ambiental, el respeto a los derechos humanos y el diálogo con las comunidades, asegurando que mantiene coordinación con las autoridades y pobladores del área de influencia.
Reacción social en Tarija
En respuesta a los hechos, activistas ambientales, organizaciones sociales y ciudadanos convocaron a una reunión de emergencia en puertas del Comité Cívico de Tarija, con el objetivo de articular acciones de apoyo, solidaridad y resistencia pacífica en defensa de la reserva.
En esta misma línea, el alcalde de Tarija, Johnny Torres, recomendó al Gobierno Nacional realizar la consulta previa y respetar lo que establece la norma, y a partir de este trabajo, recién tomar las determinaciones que la ley establece.
“Si se tiene la presunción que hay petróleo en Tarija, primero se tiene que hacer consulta previa, si en la consulta dicen que sí están de acuerdo con las actividades petroleras, entonces adelante, pero entiendo que en Entre Ríos no se ha hecho la consulta previa y debe hacerse”, manifestó.
Paralelamente, el presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Gabriel Corvera, anunció la realización de un foro informativo que reunirá a comunarios, activistas, autoridades del Gobierno y representantes de Petrobras, con el fin de transparentar la información del proyecto y buscar consensos.
Corvera confirmó que se solicitó la presencia del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, quien comprometió su asistencia para el lunes 12 de enero, en un encuentro previsto en el Patio del Cabildo.
Vía El País
