Decisión del TSJ podría liberar de prisión a Áñez, Camacho y Pumari
Seguridad / 24/08/2025 07:18
Luego de las elecciones generales y la cercanía del cambio de Gobierno en Bolivia, el Órgano Judicial dio un giro en el trámite de una serie de procesos penales sobre todo relacionados con actores políticos. Lo más reciente salió a la luz el viernes, con un instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordena la revisión de los plazos legales de detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez; del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; y el exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari, opositores al gobierno del MAS.
La determinación puede abrir la posibilidad de que los detenidos recuperen su libertad, en caso de comprobarse que los plazos han sido excedidos. El TSJ aclaró que la disposición no supone una injerencia en la labor de los jueces, sino un ejercicio de independencia judicial para garantizar los derechos de los procesados.
El fiscal general Roger Mariaca confirmó este sábado que el próximo lunes se instalará en La Paz una audiencia crucial que definirá la situación jurídica del gobernador cruceño y del líder cívico potosino.
Mientras que la semana pasada se dio la aprehensión del exministro de Medio Ambiente Alan Lisperguer, así como también se conoció de un proceso penal en contra del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, y otros funcionarios por el caso Botrading.
INSTRUCTIVO
El TSJ instruyó a los tribunales departamentales de justicia y juzgados públicos del país verificar de oficio el cumplimiento de los plazos establecidos en los procesos que hay contra Camacho, Áñez y Pumari, cuyos abogados advierten que ya cumplieron con los seis meses que da como máximo la normativa vigente para los detenidos preventivos.
“No es un triunfo, es una reparación; no es un regalo, es un derecho que aunque llega tarde lo recibo con mucho júbilo y con fe en que la justicia ahora nos da la esperanza a todos los bolivianos”, señaló al respecto la expresidenta Áñez.
LA JUSTICIA CALCULA
El senador ‘evista’ Leonardo Loza expresó su postura respecto al instructivo emitido por la Justicia para revisar las detenciones preventivas de Camacho, Áñez y Pumari.
“Estoy seguro que los van a liberar, ojalá se haga el debido proceso de manera transparente y no usen el tema de manera política. Yo sospecho que los van a privilegiar”, dijo el legislador tras conocer la instrucción. Además, el seguidor de Evo Morales dijo que “la justicia actúa a lo que le conviene, calcula bastante la justicia”.
JUSTICIA PARA TODOS
“La justicia tiene que llegar absolutamente a todos”, señaló el viernes el presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, al referirse a los cientos de presos y perseguidos políticos que, según dijo, permanecen detenidos de forma preventiva o medidas cautelares.
La alianza Creemos estima que Luis Fernando Camacho será liberado entre este lunes y martes para volver a Santa Cruz y reasumir de manera inmediata el cargo de Gobernador.
EXHORTA A PAZ
El candidato presidencial de la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, señaló que el instructivo emitido por el TSJ es “un camino a la restauración de la justicia” y exhortó a Rodrigo Paz, también candidato presidencial, a manifestarse con claridad para que los presos políticos se defiendan en libertad. “La detención preventiva es cárcel sin sentencia”, manifestó Quiroga, quien pidió que Áñez, Camacho y Pumari puedan enfrentar sus procesos desde sus regiones.
DECISIÓN JUDICIAL
El fiscal General Roger Mariaca, confirmó que este lunes se instalará en La Paz una audiencia crucial que definirá la situación jurídica del gobernador cruceño y del líder cívico potosino.
“Es una tuición netamente de los jueces el determinar la libertad o no de estas personas, conforme a la etapa procesal en que hoy nos encontramos”, subrayó Mariaca, al remarcar que la mayoría de los casos ya se encuentran con acusación formal.
Ministro: Hay un uso desmedido de la detención
Tras conocerse el instructivo para revisar las detenciones preventivas de Camacho, Áñez y Pumari, el ministro de Gobierno “saludó” la determinación del TSJ y considera que “existe un uso desmedido de la detención preventiva”.
“Es importante saludar la instrucción emitida (por el TSJ) sobre la revisión de las detenciones preventivas y el uso desmedido de esta medida en estos casos particulares”, manifestó Ríos.
La autoridad manifestó que el Gobierno central respeta la independencia de poderes y la no injerencia en las decisiones de otros poderes del Estado.
Además, la autoridad afirmó que “somos respetuosos de la independencia de órganos”.
“Sería importante que esta media no solo se aplique a estas tres personas, sino sea una medida que alcance a toda la población privada de la libertad que cuenta con la detención preventiva”, instó.
Piden ampliar para todos la revisión de plazos de detención
En las cárceles de Bolivia hay 33.275 privados de libertad, con detención preventiva, que también se encuentran a la espera de la revisión de sus procesos, afirmó el viernes el defensor de Pueblo, Pedro Callisaya.
El pronunciamiento surge luego de conocer la instrucción que hizo el presidente del TSJ, Romer Saucedo, de verificar el cumplimiento de los plazos de medida cautelar personal y de detención preventiva de Áñez, Camacho y Pumari.
“A junio de 2025 el 58.2% de 33.275 privados de libertad en las cárceles de Bolivia son detenidos preventivos, quienes también están a la espera de que sus procesos sean revisados en los plazos legales de tramitación”, publicó en sus redes sociales.
El abogado y activista de derechos humanos Jorge Valda señaló que, además de estas tres personas, hay más de 300 presos políticos en el país que deben ser liberados y pidió que el Órgano Judicial inicie una auditoría a los procesos penales de índole político impulsados por el gobierno del MAS.
“No solamente son Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, tenemos más de 300 presos políticos privados de libertad en las cárceles, en sus domicilios, solo por decir la verdad”, manifestó Valda a través de su cuenta de TikTok.
Valda citó a los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) procesados por protestar en puertas de la Fiscalía General, funcionarios de la gobernación de Santa Cruz, por protestar por la detención de Camacho, y muchos otros que siguen con medidas cautelares de detención preventiva, detención domiciliaria, en juicios orales, la mayoría “montados por el Ministerio de Gobierno”.
Asimismo, se refirió a los presos de Adepcoca, César Apaza y Raúl Uría, y los procesados por el falso “falso Golpe de Estado” como el defensor de derechos humanos Fernando Hamdan y varios militares denunciados.
Sugirió la realización de auditorías a todos los procesos de los perseguidos políticos, entre los que también estaban empresarios que salieron del país como Humberto Roca, gerente de Aerosur.
El abogado destacó la decisión del TSJ de ordenar la revisión de los plazos de detención preventiva de Áñez, Camacho y Pumari para “desenmascarar los actos autoritarios, abusivos y dictatoriales del Gobierno del MAS” contra más de 300 presos políticos.
Áñez y Pumari sobre la decisión del TSJ
Mediante una publicación en redes sociales, Jeanine Áñez, escribió un artículo al que denominó “Luces de cambio en la justicia boliviana”, en el cual hace referencia a los procesos en su contra, mismos que considera “injustos”.
“La manera de cómo actuó la justicia conmigo fue grosera e injusta. Esa actitud me generó mucha rabia, impotencia y frustración porque aun viendo el atropello, no tenía recursos efectivos para revertir el abuso, lo que me produjo una profunda sensación de indefensión”, dice parte de la publicación de la exmandataria.
Áñez hizo referencia al “actuar de la justicia”, y aseguró que, en contra de ella, actuó “siguiendo órdenes políticas del exministro de Justicia Iván Lima”.
Por su parte, Puamari puso en el tapete de discusión la situación de los detenidos preventivos en Bolivia y denunció que los fiscales, jueces y abogados lucran con esos detenidos en las cárceles.
“En carne propia vivimos la justicia corrupta, donde grupos corporativos de algunos jueces, fiscales y abogados se articulan para lucrar con el dolor de las familias de los privados de libertad. Detenciones preventivas que se monetizan más allá de las leyes y la propia CPE», escribió el excívico potosino en su cuenta X.
El 9 de diciembre de 2021 la Policía capturó a Marco Pumari en Potosí por haber incendiado, supuestamente, el tribunal electoral departamental de Potosí. Un año después se conoció que fue aprehendido sin una orden, irregularidad que fue justificada por la fiscal departamental de entonces.
Vía correo del Sur
