Tarija: Alcaldía Busca fijar tarifa transitoria del transporte
El incremento de facto en las tarifas del transporte público en Tarija abrió un fuerte debate económico y social. El alcalde Johnny Torres denunció que choferes de micros y trufis están cobrando pasajes “absolutamente al margen de la ley”, trasladando de manera directa el aumento del combustible al bolsillo de la población, especialmente de los sectores más pobres. Buscan trabajar una tarifa transitoria.
Torres fue enfático al señalar que el municipio no permitirá ningún incremento sin respaldo legal ni estudio técnico. “Nadie puede tomar la ley en sus manos y hacer lo que quiera”, afirmó, al anunciar operativos de control intensivos durante viernes, sábado y domingo, con la emisión de boletas de infracción e incluso el retiro de tarjetas de operación a los transportistas reincidentes.
Desde la Alcaldía se explicó que, si bien el Decreto Supremo 5503 incrementó el precio del diésel y la gasolina, el combustible no representa el 100% del costo del pasaje. Según estudios tarifarios aplicados en Tarija y en el resto del país, el combustible incide solo entre el 20 y el 30% del costo total de operación de un vehículo de transporte público. “Subir de 2 a 4 bolivianos no tiene sustento técnico”, remarcó la autoridad municipal.
El impacto social del cobro excesivo es inmediato. Una familia de cuatro personas puede llegar a gastar hasta 10 bolivianos diarios adicionales solo en transporte, generando una distorsión fuerte en la economía de los hogares más humildes. “No vamos a trasladar el incremento de los carburantes a los que menos tienen”, sostuvo Torres.
Ante este escenario, la Alcaldía propuso una salida transitoria: convocar a una reunión urgente entre la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), el transporte y el Gobierno Municipal para fijar una tarifa provisional, calculada en función del real impacto del combustible, mientras se elabora un estudio técnico definitivo con participación de todos los sectores.
Desde la Fedjuve, su representante Celestino Barro lamentó que se estén cobrando tarifas elevadas sin resolución y pidió sanciones para los malos conductores, además de un diálogo urgente que garantice transporte para los barrios periurbanos.
En la misma línea, la concejal Adriana Romero exigió el retiro inmediato de tarjetas de operación a los transportistas “abusivos” y pidió mantener las tarifas oficiales hasta que exista una nueva escala consensuada.
El conflicto también llegó a las organizaciones sociales. El ejecutivo de la Federación de Campesinos, Herbert Quispe, informó que este martes 23 de diciembre se realizará un ampliado extraordinario para evaluar los efectos del Decreto 5503, que —según su análisis— habría provocado incrementos de más del 100% en las tarifas del transporte público. La preocupación central es el impacto directo en la población más vulnerable.
Desde Movilidad Urbana, su director Juan Carlos Camacho confirmó que ya se retiraron más de 130 carteles que anunciaban “tarifa única” y que las tarifas oficiales se mantienen vigentes: 2 bolivianos para el micro y 2,50 para el trufi. Alrededor de 130 transportistas fueron notificados y se advirtió que quienes pierdan la tarjeta de operación quedarán impedidos de circular y prestar servicio.
El municipio también llamó a los usuarios a no pagar tarifas ilegales y a denunciar los abusos en oficinas de Movilidad Urbana, proporcionando placas y datos del vehículo. “Mientras no exista un acuerdo legal, no se permitirá ningún incremento”, reiteró el alcalde.
El conflicto del transporte en Tarija refleja una tensión de fondo: cómo equilibrar el ajuste económico por el alza de carburantes sin profundizar la desigualdad ni golpear a quienes dependen a diario del transporte público para trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos. El diálogo anunciado será clave para evitar que la crisis se profundice.
Fuente El País
