2025: El año en que la corrupción puso al descubierto la crisis moral en Bolivia
La otra crisis de Bolivia fue la moral. Día a día se conoció cómo la corrupción penetró a las instituciones públicas y puso en evidencia que los corruptos agravaron los problemas económicos de los bolivianos. En el órgano Ejecutivo o en el Judicial surgieron casos para el espanto de la ciudadanía, pues en medio de la escasez de carburantes o la subida de precios como el pan de batalla, hubo personas que se beneficiaron de estas circunstancias-.
Desde el inicio de su gestión, el presidente Rodrigo Paz denunció que el periodo de la izquierda que fue derrotada en las elecciones de agosto y octubre dejó un Estado sin recursos, con muchísimas deudas y una sangría permanente a manos de contrabandistas y sus protectores.
Los hechos de corrupción este 2025 se revelaron “en dos etapas”, la primera cuando Luis Arce aún fungía como presidente. Y en una segunda etapa están los hechos denunciados por el presidente Rodrigo Paz.
En enero de este año, el entonces ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer, fue destituido y acusado por enriquecimiento ilícito y falsedad en declaración jurada. En el caso también fue involucrado su asesor. Los depósitos y movimientos suman más de Bs un millón. El exministro fue aprehendido en agosto de este año.
El 19 de junio fue aprehendido el exministro de Justicia, César Siles, pocos días después de renunciar a su cargo. Fue acusado por los delitos de consorcio y tráfico de influencias. Siles presionó supuestamente al juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, para que emita un fallo que suspenda a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En octubre de este año, el juez provincial apareció muerto en su domicilio.
En noviembre, Rafael Arce Mosqueira, el hijo del expresidente Luis Arce, fue imputado por la Fiscalía por el delito de enriquecimiento ilícito. El acusado obtuvo el predio Adán y Eva en Santa Cruz con préstamos millonarios del Banco Ganadero. Según la investigación, declaró la transacción por menos dinero para evadir tributos.
En septiembre salió a la luz una denuncia de corrupción dentro de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM). La exdirectora, Nilza López acusó a Brenda Lafuente que le dejó una institución corrupta con contratos millonarios irregulares.
Corrupción en YPFB
Este año se destapó la millonaria corrupción en la estatal Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) con contratos ilegales y pérdidas millonarias. Según la denuncia del actual Gobierno, en los últimos años se desviaron entre 800 y 1000 millones de dólares anuales en combustible, destinados al contrabando. El Gobierno intervino las oficinas de YPFB, las plantas de gas, además de la planta de almacenamiento de gas en El Alto y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
El exjefe de la estatal petrolera, Armin Dorgathen, huyó del país y presuntamente se halla en Brasil. En este caso, es investigado por contrabando y exportación agravada de gas.
La corrupción en YPFB también está ligada a Botrading, creada en 2019. Es una empresa estatal boliviana con sede en Paraguay, que tenía el objetivo de optimizar la compra y logística de combustible. No obstante, se reveló sobreprecios en la compra del carburante.
La comisión compuesta por la Cámara de Diputados reveló que los pagos realizados a Botrading entre 2023 y 2024 sumaron 828 millones de dólares, de los cuales 166 millones corresponderían a pagos por volúmenes no contratados. En este caso, Dorgathen y cinco exfuncionarios fueron imputados por conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y obstrucción a la justicia.
Caso Emapa
El 25 de noviembre, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, informó que, en una semana de análisis y auditoría, se estableció un daño económico de más de 95 millones de bolivianos por hechos de corrupción en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
Los hechos irregulares contemplan una póliza falsa en la planta procesadora de papa en Chuquisaca, pagos millonarios por maquinaria que nunca llegaron al país, sobreprecio en la planta piscícola en el lago Titicaca, contrataciones irregulares y otros.
Mientras, el exgerente de Emapa, Franklin Flores, quien está prófugo, tiene cinco procesos penales abiertos en su contra vinculados a corrupción y daño económico al Estado, según datos de la Fiscalía de La Paz y del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Uno de los delitos que pesa sobre él son las irregularidades en la planta procesadora de papa en El Alto. El segundo proceso trata de enriquecimiento ilícito. Flores declaró ante la Contraloría $us 2,8 millones en activos y tres bienes. El tercer caso, trata de una planta piscícola en el Lago Titicaca.
El cuarto, el sobreprecio en la compra de harina para la subvención. Se trata de un caso que habría sido cometido en coordinación con el dirigente panificador Rubén Ríos, en cuyas cuentas bancarias se hallaron millonarios montos. El dirigente está detenido en la cárcel.
Las autoridades indicaron que se trata además de una organización criminal familiar. A parte de que Ríos recibía la harina subvencionada también proveía de harina al estado, arrendaba su casa para el almacenamiento del producto, y era contratista de transporte con Emapa.
El quinto proceso fue anunciado por Justiniano tras la intervención a Emapa, con un daño económico que supera los 95 millones de bolivianos en apenas 12 días de investigación.
La asambleísta departamental de La Paz Samanta Coronado denunció que dos funcionarios del Servicio Departamental de Salud (Sedes) cobraban altos montos de dinero a trabajadores para mantener sus cargos, presuntamente por instrucciones del gobernador Santos Quispe.
Por otro lado, las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) fueron intervenidas en La Paz. La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, sostuvo que se recibió denuncias de irregularidades como el beneficio a exfuncionarios, y el supuesto aval a grupos avasalladores en tierras productivas.
El exPresidente Arce en la cárcel
El escándalo del Fondo Indígena (Fondioc) en Bolivia fue reabierto a fines de este 2025. El caso inició el 2013 con la denuncia de su director Marco Antonio Aramayo, quien denunció desvíos millonarios de fondos destinados a proyectos indígenas. No obstante, el mismo Aramayo fue procesado y luego enviado a la cárcel con detención preventiva durante siete años, murió recluido el 2022.
El viernes 5 de diciembre fue aprehendida la exdiputada Lidia Patty. Es acusada por malversación en tres casos principales: un proyecto de cultivo de tomates y hortalizas en La Paz, donde recibió Bs 700.000 en su cuenta personal; un segundo por producción de miel sin ejecución real; y un tercero por no entregar carpas solares a comunidades, sumando unos Bs 3 millones en daños al Estado.
El caso arrastró al expresidente Luis Arce, ya que se reveló que, cuando era ministro de Economía, permitió la transferencia de fondos a cuentas privadas. Fue aprehendido el 10 de diciembre y fue enviado con cinco meses de detención preventiva a la cárcel de San Pedro. Los delitos son incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
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