AFPs/Gestora prestaron millones de dólares a mineras del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada

Hasta antes del descubrimiento del mundialmente célebre Sumaj Orcko en Potosí, la fuente de plata más apetecida por los españoles fue Porco. Los historiadores incluso cuentan que luego se ganó el apelativo del “Otro cerro rico”. Así como en su afamado par, su explotación no ha tenido tregua con los siglos. A mediados del siglo XX, quien logró hacerse multimillonario con sus vetas fue Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL). Así lo demuestra el libro La Fortuna del Presidente, escrito por Andrés Soliz Rada. Siglo tras siglo, la historia de Porco siempre ha tenido la particularidad de ser ejemplo de abierta desigualdad, saqueo e injusticia, especialmente para los trabajadores.

Porco está ubicada a unos 55 kilómetros de la ciudad de Potosí, en la ruta a Uyuni, a la que se llega por un camino asfaltado. Los incas extraían y fundían plata antes de la llegada de los españoles. Tenían una tecnología apropiada para lograr la fundición con “huayrachinas”, que eran “pequeños cilindros con agujeros, en los cuales los metalurgistas prehispánicos podían fundir minerales de alta pureza a temperaturas cercanas a los 1.000 grados centígrados”, según el investigador Pablo Cruz.

“Porco fue antiguamente cosa riquísima, y agora lo es, y se crée que será para siempre”, escribió Pedro Cieza de León en su Crónica del Perú, allá por 1553. Desde 1538, la mina pasó, a sus turnos y mediante cruentas peleas, a control de Pablo Pizarro a veces y Diego de Almagro otras. Hasta que un virrey, Pedro de la Gasca, las controló a favor de la Corona, y, junto a otros establecimientos mineros, incluyendo el Cerro Rico, alimentaron luego la Casa de la Moneda, donde se acuñaban monedas y se preparaban los metales para su envío a España. Cientos de miles de mitayos fueron sobreexplotados hasta acabar sus vidas para apuntalar aquellas labores.

Entre principios del siglo XX y mediados de la década del 40, Porco fue explotada por la Empresa Minera de Porco, de un señor A. Arana, y por Bebin hermanos, empresa del súbdito francés Jean Paul Bebin. Vueltas y contratos después, Porco aparece en 1950 explotada por la Empresa Minera Porco Ltda., fundada en abril de ese año. Poco después, a partir de junio de 1963, apareció gerenciada por GSL, quien casi simultáneamente devino en accionista mayoritario. De manera paralela, GSL organizó en Panamá la empresa Iris Mines and Metals S.A.

El 27 de enero de 1964, un contrato suscrito entre la Empresa Minera Porco y Comibol autoriza a aquélla a transferir el contrato de subarrendamiento a favor de Iris Mines & Metals S.A. de Panamá. GSL era propietario del 55 por ciento del paquete accionario. Muy pronto, la Empresa Minera Porco se convirtió en 1968 en Compañía Minera del Sur S.A. (Comsur), en oficinas de Iris Mines and Metals S.A. por GSL, Carlos Garret y René Pereira. GSL lo hizo en representación de Iris Mines.

Porco es el emblema. Poco a poco se sumaron a esa historia las colas y desmontes del Cerro Rico de Potosí, explotadas por GSL y sus empresas matrices y subsidiarias (Comsur, Comco, Minera S.A. y otras), la mina Bolívar en el departamento de Oruro, y otras más. Precisamente, a partir de aquellos saltos financieros en torno a Porco, Sánchez de Lozada empieza a aparecer en otros negocios mineros. Sus inversiones traspasaron los Andes y llegaron a las tierras bajas de Bolivia. Luego, ya como político y mandatario, cuando popularizó su alias de “Goni”, siguió incrementando su patrimonio.

Las huellas de Sánchez de Lozada

¿Quién controla Porco hoy? Tras la fuga de GSL, luego de la llamada “Guerra del Gas”, se desató una contradictoria serie de movimientos accionarios y financieros. Huyó el cuerpo, pero no el “alma” empresarial de Sánchez de Lozada. Hoy formalmente, la concesionaria de Porco es Sociedad Minera Illapa S.A. (Illapa). El último reporte de cambios accionarios en el mercado de valores de Bolivia, dice que en fecha 14 de febrero de 2025, la composición accionaria es así:

Accionista	Capital (Bs)	Acciones	Porcentaje (%)
Sinchi Wayra S.A.	759.870.000	7.598.700	99,08332
Lewron Metals Ltd	3.515.000	35.150	0,45834
Laikra Limited	3.515.000	35.150	0,45834
TOTAL	766.900.000	7.669.000	100

Sinchi Wayra, que aparece como principal accionista, es una vieja conocida en Bolivia. Se presenta como parte del Grupo Minero Sinchi Wayra. “El GRUPO MINERO SINCHI WAYRA está conformado por cuatro sociedades independientes en los departamentos de Oruro y Potosí: Sociedad Minera Illapa S.A.; Sinchi Wayra S.A.; Empresa Minera San Lucas S.A. y Sociedad Minero Metalúrgica Reserva Ltda.”, según su página web.

La misma fuente añade que Illapa explota concentrados de plata, plomo y zinc de Porco (Potosí) y Bolívar (Oruro). El mismo grupo opera Caballo Blanco, compuesto por la “Mina Colquechaquita, Reserva, Tres Amigos y Planta Don Diego, y como unidades de apoyo tiene la Oficina de Potosí y las Plantas Termoeléctrica de Aroifilla e Hidroeléctrica de Yocalla. Caballo Blanco, también brinda soporte a la supervisión de las operaciones en cierre de Comco y San Lorenzo”. En suma, el paquete andino de GSL.

En 2017 entró en acción la Empresa Minera San Lucas, del mismo grupo, con la “comercialización y compra de minerales a cooperativas generando una relación a largo plazo. San Lucas busca convertirse en un aliado de confianza, reconocido por su política de pago justo, competitivo y transparente. A partir de 2018, la visión de San Lucas es establecer alianzas con empresas para construir un mercado de minerales sostenible en Bolivia”, según afirman.

La “suerte” de Sinchi Wayra S.A.

Aquel 17 de octubre de 2003, acosado por una insurrección popular que llegó a puertas de palacio, Goni huyó del país a plan de cortisol y adrenalina. Redactó su renuncia. Pasó atropelladamente del automóvil presidencial a un helicóptero y luego a un avión militar que lo llevó a Santa Cruz. Allí tomó un vuelo privado que lo llevó a su autoexilio final en Estados Unidos. Una virtual antología de cargos lo amenazaba por delitos de diversa índole, especialmente los suscitados por la masacre de civiles y daños a la economía nacional. Sin embargo, y curiosamente, los procesos en su contra avanzaron con tal parsimonia que sus bienes resultaron virtualmente intocados. Y en el caso específico de sus intereses mineros, aparecieron empresas como Sinchi Wayra.

¿Quién es Sinchi Wayra S.A.? En pocas palabras: la continuidad del buque insignia de GSL, es decir, de Comsur o Compañía Minera del Sur S.A. Así lo dicen los documentos que la introdujeron a la vida legal del país tras la huida del presidente millonario.

“SINCHI WAYRA S.A.: Sociedad minera legalmente constituida y existente bajo las leyes de la República de Bolivia mediante Escritura de Adecuación y Reforma Íntegra de Estatutos y consiguiente modificación de pacto social de la Sociedad Anónima ‘Compañía Minera del Sur S.A.’ – COMSUR, N° 140/1980, otorgada en la Notaría Especial de Minas y Petróleo a cargo de la Dra. María Eugenia Monroy de Siles y Escritura Pública de Aclaración y Complementación de Escritura de Cambio de Denominación Nro. 333/2006 otorgada en Notaría de Fe Pública de Primera Clase Nro. 051 a cargo de la Dra. Katherine Ramírez Calderón, con Matrícula de Comercio Nro. 12896, Número de Identificación Tributaria (NIT) Nº 1020161028, con domicilio legal en la ciudad de La Paz, Bolivia en la Av. Aniceto Arce esquina Rosendo Gutiérrez N° 2299, Edificio Multicentro, Torre B, Piso 2, en adelante denominada simplemente ‘SINCHI WAYRA’“.

Sinchi Wayra: ¿de Glencore a Santacruz Silver Mining?

Una supuesta venta de activos mineros bolivianos de Glencore, incluyendo Sinchi Wayra S.A., se reportó a favor de una empresa denominada Santacruz Silver Mining Ltd. tramitada, según documentos a los que El País tuvo acceso, desde octubre de 2021, pero aún no concluida.

Pese a que el artículo 73 de la Ley del Mercado de Valores de Bolivia obliga a “emisores” registrados en Bolivia a informar obligatoriamente sobre cambios societarios, la ficha técnica de las empresas vinculadas a GSL no reportan esa supuesta transacción. La norma dice así:

“Toda persona que posea acciones de un mismo emisor inscrito en el Registro del Mercado de Valores, en cantidad igual o mayor al diez por ciento (10%) del total de las acciones emitidas por dicho emisor, deberá informar a la Superintendencia de Valores dentro de los cinco (5) días siguientes al de la transacción o transacciones efectuadas para llegar a dicho porcentaje, para su inscripción en el registro y a las bolsas de Valores en las cuales se encuentren inscritas dichas acciones, para su publicación.

“Los directores, gerentes y apoderados de dichas sociedades, cualquiera sea el número de acciones que posean, deberán informar a la Superintendencia de Valores y a cada una de las bolsas de valores del país en que la sociedad tenga Valores registrados para su cotización, de toda adquisición o enajenación de acciones que efectúen de esa sociedad, dentro de los cinco (5) días siguientes al de la transacción o transacciones respectivas, para su publicación”.

Según los datos obtenidos, acordaron en octubre de 2021 que el valor de venta de esos activos sumaría USD 110 millones, pero a plazos, con un pago inicial de USD 20 millones y cuatro cuotas de USD 22,5 millones.

Pero luego, acordaron que recién en noviembre de 2025 se haría la transacción, rebajando el monto a USD 80 millones en 8 cuotas anuales de USD 10 millones cada una, aunque con una posibilidad de hacerlo antes, pagando USD 40 millones si lo hace antes del 1 de noviembre de 2025.

La transacción involucra a Sinchi Wayra S.A. (100% de propiedad), al Complejo Minero Caballo Blanco: Mina Colquechaquita (operativa desde 1988), Mina Tres Amigos (operativa desde 1996), Mina Reserva (operativa desde 1996), Planta de Procesamiento Don Diego: Capacidad de 1,000 tpd, Instalaciones de Energía: Plantas termoeléctrica e hidroeléctrica, Proyecto Soracaya: Proyecto de exploración greenfield. También a la Empresa Minera San Lucas, a la Sociedad Minera Illapa S.A. (45% de participación) que tiene Joint venture con COMIBOL (55%) que incluye: Mina Bolívar, Mina subterránea de plata-zinc-plomo, Mina Porco: Operación minera subterránea.

Expertos consultados al respecto de esta transacción no reportada en los mercados de valores bolivianos han manifestado sus dudas respecto del valor, al que encuentran “subvaluado excesivamente, lo que lo hace poco serio”.

Lo que sí reporta una de las empresas involucradas en la supuesta venta, la Empresa Minera San Lucas, es que, casualmente, luego de obtener recursos del Mercado de Valores de Bolivia emitiendo pagarés y bonos, otorgó un préstamo a favor de Sinchi Wayra en fecha 11 de abril de 2017. Dicho préstamo fue ampliado en USD 20 millones en fecha 18 de marzo de 2025, coincidiendo con la obtención de financiamiento bursátil captando el ahorro previsional y de Fondos de Inversión bolivianos.

¿Santacruz Silver Mining pagó a Glencore con dinero de Glencore obtenido, sin garantías, de las AFP/Gestora, en moneda nacional? La ASFI tal vez pueda responder la gran interrogante.

¿Cómo opera Sinchi Wayra?

¿Cómo opera y realiza sus “inversiones” Sinchi Wayra? Un ejemplo es la declaración contenida en el Prospecto de emisión de valores de titularización por el importe de USD 156.380.000 (ciento cincuenta y seis millones trescientos ochenta mil dólares). Los mismos fueron colocados en el mercado de valores de Bolivia, vía la Bolsa Boliviana de Valores, el 24 de septiembre de 2008, once años después de la entrada en operaciones de las AFP contratadas por GSL en su primer gobierno. Vale decir que, técnicamente, se trata de un crédito obtenido del ahorro interno boliviano. ¿Para qué se prestó esa cantidad de dinero, justo cuando empezaban los casi 14 años de gobierno liderado por Evo Morales y Álvaro García Linera?

Por sorprendente que pueda sonar, 62 años después de la primera aparición en Porco de GSL (1963), empresas vinculadas a este político aparecen controlando las más emblemáticas minas. De ellas se extraen concentrados de zinc, plomo, plata, oro y otros minerales, sin otros detalles de contenidos que pueden exportarse para ser procesados, refinados, fundidos y comercializados, con ganancias adicionales, fuera del país.

Las “huayrachinas” de hace 500 años, que se usaban para fundir plata y otros metales, que eran el promisorio inicio con tecnología nativa de la fundición y metalurgia, simplemente desaparecieron. El camino se desvió a lo que se sigue haciendo ahora: exportar minerales concentrados por puertos del Pacífico hacia fundiciones europeas y norteamericanas.

Detallito: la empresa minera Paitití (Emipa)

Pero había y hay mucho sobre quien supuestamente fue derrotado tras la Guerra del Gas. El patrimonio que detentaba Sánchez de Lozada abarcaba también las zonas tropicales del país tanto en el norte como en el oriente. Y el oro, por aquellos lares, siempre ha recordado el nombre de una leyenda ancestral: el Gran Paititi. Algo que probablemente inspiró la denominación de la otra empresa de GSL. Empresa que, por ejemplo, en Santa Cruz explotó la mina Don Mario, ubicada a 360 kilómetros de la capital cruceña, en las proximidades de San José de Chiquitos. Eso hasta 2023, cuando cerró operaciones y dejó a decenas de trabajadores en continuas protestas que reclaman hasta hoy el pago de sus beneficios sociales.

Y Goni sigue allí. Según el reporte de la ASFI, la entidad reguladora del Mercado de Valores de Bolivia, un emisor de títulos de deuda (pagarés y bonos bursátiles), es la empresa minera Paitití. Tiene entre sus accionistas a Orvana Sweden International AB que controla el 88,23 por ciento de Paitití. Sobre esta empresa (Orvana), una investigación de Investigative Europe, un equipo transfronterizo de periodistas, estableció que tiene como accionista mayoritaria a la empresa panameña Andean Resources SA. Sobre esta sociedad panameña se lee en el reportaje que “fue fundada en 1980 y ha estado controlada siempre por Gonzalo Sánchez de Lozada, dos veces presidente de Bolivia”. El camuflaje no resulta menor, como se verá más adelante.

Jubilados financian las minas de Goni

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia y Previsión BBVA, ambas contratadas, para variar, en el primer gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997), entraron en operaciones en 1997. Lo hicieron a tiempo de concretarse un cambio en el sistema de pensiones de Bolivia establecido en la Ley de Pensiones de 29 de noviembre de 1996. En otras palabras, sobre ellas recayó la responsabilidad del manejo de los ahorros de vida de cientos de miles de trabajadores, fondo que, paulatinamente, se convirtió en el mayor del país.

Entre sus obligaciones, las AFP tenían la de “Administrar portafolios de inversiones compuestos por los recursos de los fondos de pensiones, de acuerdo a la presente ley y sus reglamentos” (art. 31 b). Para cumplir esa tarea, el artículo 40 de esa ley dispone que “Los recursos de los fondos de pensiones deberán ser invertidos por la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) exclusivamente en los títulos-valores y en los mercados financieros autorizados de acuerdo al reglamento respectivo…”. Por su parte, el artículo 41 (límites de inversión), dice: “…El Directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) fijará el límite máximo autorizado para inversiones en títulos-valores de emisores constituidos en el extranjero, el cual no podrá ser menor a diez por ciento (10%) ni mayor a cincuenta por ciento (50%) de cada fondo de capitalización individual”.

Para ratificar la concesión de semejante atribución, valga citar a un exfuncionario del BCB, que trabajó casi 19 años en esa entidad (desde 1987 a 2006, es decir, durante toda la era neoliberal incluidos los dos períodos de GSL). Funcionario que, sorprendiendo a diversos analistas, fue ascendido a Ministro de Hacienda el primer día del gobierno de Evo Morales y detentó el cargo durante más de 12 años. Ahora funge como Presidente de Bolivia: se trata de Luis Arce Catacora.

En un artículo publicado en La Razón, el 19 de junio de 2007, el actual Primer Mandatario declaró: “Queda claro que las inversiones en mercados internacionales permitirían que las Administradoras diversifiquen sus inversiones y obtengan mejores rendimientos con los recursos captados reduciendo, al mismo tiempo, los niveles de riesgo… Para que estas operaciones ofrezcan seguridad, es aconsejable que el BCB se convierta en mandatario exclusivo -por un período determinado- de la inversión externa de los recursos del FCI, en instrumentos de renta fija. Para esto debería suscribir los correspondientes contratos con las AFP”. Luego añade: “En este mismo propósito el Banco Central debería observar criterios de liquidez, preservación del capital, seguridad y rentabilidad utilizando, incluso, los mismos parámetros que aplica para invertir las reservas internacionales”.

La alcancía de las empresas gonistas

Esa especie de “declaración de principios”, de base doctrinal estrictamente neoliberal, fue hecha en respuesta a una alerta pública del antes mencionado Andrés Soliz Rada, el exministro de Hidrocarburos del mismo gobierno de Evo Morales. Soliz Rada, el 11 de junio de 2007, también en nota publicada en La Razón, titulada “Los bolivianos estamos locos”, advirtió: “Somos conscientes de la peligrosa generalización, que convierte en falsedad el título de esta nota. Sin embargo, es seguro que por lo menos la mayoría del directorio del Banco Central, integrado por Raúl Garrón Claure, Enrique Ackerman Arguedas, Hugo Dorado Aranibar, Jorge Casso Echart, Hugo Argote Argote y Gustavo Blacutt Alcalá, ha perdido el juicio. Los locos resolvieron, mediante resoluciones Nos. 6 y 7, del 30-01-07, ejecutar disposiciones aprobadas por Sánchez de Lozada (DS 24469, de 17-1-97), Bánzer (DS 25958, de 21-10-00) y Rodríguez Veltzé (Reglamento de diciembre de 2005) que autorizan a la empobrecida Bolivia a invertir en corporaciones, empresas y bancos extranjeros. El capital procede de nuestras reservas monetarias y del Fondo de Capitalización Individual (FCI), formado por los aportes de los jubilados”.

Puntillosamente, Soliz Rada añadió los detalles del ventajoso uso del dinero de los jubilados: “Nuestras reservas monetarias alcanzaron, al 31-XII-06, a USD 3.181 millones, de los cuales el 60%, o sea USD 1.928 millones, apuntalan economías y empresas foráneas. En años pasados, los fondos del FCI, que, al 31-XII-06, ascendían a USD 2.256 millones, se destinaron, en un 74%, a cubrir los huecos del Tesoro General de la Nación (TGN). El saldo (USD 586 millones) se prestó a Transredes, al Santander Private Banking, a la colombiana Gravetal y al Lloyds TSB Internacional Private Banking. Como los miristas (o exmiristas) siempre caen parados, hubo un remanente para Ángel Zannier, de Hidroeléctrica Boliviana, y Samuel Doria Medina, de SOBOCE…”.

Aquel, en totales cuentas, fondo ajeno (pertenece a los ahorros de los trabajadores) se convirtió, con el paso de los años, en el más grande de la historia de Bolivia. Hoy, 2025, los fondos del ex FCI, ahora denominados fondos SIP por la nueva Ley de Pensiones de diciembre de 2010, promulgada por el gobierno de Evo Morales y García Linera, alcanzan a aproximadamente USD 28.000 millones, si consideramos el cambio oficial de 6,96 por dólar. Equivalen al 60 por ciento del Producto Interno Bruto del país.

Sin embargo, quien más se beneficia, por obra y gracia de las decisiones de las principales autoridades financieras nacionales, resulta el entorno empresarial de GSL. El dinero de los bolivianos fue confiado a ese entorno. En otras palabras, las empresas vinculadas a Goni, como Paitití, San Lucas, Sinchi Wayra, Illapa y otras no trajeron un dólar. No aportaron precisamente sus propios recursos para explotar las más importantes minas de Bolivia. Fue principalmente el ahorro de los trabajadores bolivianos, miles de los cuales son mineros y cooperativistas mineros proveedores de esas empresas, el que financió las operaciones extractivas.

Veintiséis años de AFP y 2 de Gestora

Efectivamente, y como “amor con amor se paga”, las AFP, en sus 26 años de control del ahorro vitalicio de los trabajadores bolivianos, hicieron más después de la alerta de Soliz Rada: financiaron generosamente las operaciones mineras de GSL, según veremos en el siguiente detalle:

Empezó Sinchi Wayra en septiembre de 2007 con USD 157 millones, destinados a capital de operaciones. A tiempo de esa emisión, Sinchi Wayra tenía una participación del 51% en Compañía Minera Colquiri S.A., 100% en Compañía Minera Concepción S.A. y 100% en Empresa Minera San Lucas S.A.

El monto total en dólares que Sinchi Wayra ha recibido indirectamente a través de la inversión de los Fondos SIP en sus Valores de Titularización es la suma de estas tenencias. Sumando las inversiones explícitamente identificadas en los dos Patrimonios Autónomos: USD 118.081.084 (NAFIBO 010) + USD 159.548.280 (NAFIBO 015) = USD 277.629.364 (sumatoria de las tenencias reportadas en los diferentes años). Este monto representa la contribución de los Fondos SIP a las emisiones de Valores de Titularización que, a su vez, financiaron la compra de pagarés de Sinchi Wayra.

Ni cómo lo pueda negar nadie y menos las autoridades bolivianas. En 2008, en la composición accionaria de Sinchi Wayra destacaba como accionista mayoritaria nada menos que la empresa creada en Panamá por Sánchez de Lozada. Sumaba un abrumador 99,89 por ciento del paquete accionario (véase el siguiente cuadro).

Accionista	Capital (Bs)	Acciones	Porcentaje (%)
Iris Mines And Metals S.A.	39.627.400	396.274	99,89
Kempsey S.A.	183.500	1.835	0,054
Shattuck Trading Co. Inc.	189.100	1.891	0,056
Total	40.000.000	400.000	100

Luego se produjo una cascada de millones de dólares vía las subsidiarias, las que emitieron pagarés y bonos en el Mercado de Valores de Bolivia, la mayor parte de ellos puntual y generosamente comprados por las AFP contratadas por Gonzalo Sánchez de Lozada:

La nodriza: Sociedad Minera Illapa S.A.

Por su parte, la Sociedad Minera Illapa S.A. ha utilizado dos programas de pagarés bursátiles para la recaudación de fondos, y los Fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) de Bolivia han invertido en uno de ellos.

Pagarés Bursátiles ILLAPA I: Este programa fue autorizado para un monto de hasta USD 25.000.000 (veinticinco millones de dólares). Los fondos se destinarían a financiar el capital de operaciones de la Sociedad. La autorización de la ASFI para este programa fue emitida mediante Resolución ASFI/1663/2018, de fecha 28 de diciembre de 2018. Una emisión de Pagarés Bursátiles con vencimiento el 4 de febrero de 2021, por un monto de USD 25.000.000, fue parte de la estructura de deuda financiera de Illapa al 31 de diciembre de 2020.

Pagarés Bursátiles ILLAPA II: Este segundo programa también tiene un monto autorizado de hasta USD 25.000.000. Los fondos obtenidos a través de este programa están destinados al recambio de pasivos, al capital de operaciones, o a una combinación de ambos.

En resumen, Sociedad Minera Illapa S.A. ha buscado o tiene la autorización para recaudar un monto total de hasta USD 50 millones a través de estos dos programas de pagarés bursátiles. O sea, y valga la reiteración, para hacer uso de forma relevante de parte de los ahorros de los trabajadores bolivianos.

Los Fondos SIP en Instrumentos de Illapa

Pero la generosidad con las empresas del tan vituperado GSL por las autoridades del “proceso de cambio” ha sido sostenida y llegó a más. Los Fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP) de Bolivia han mantenido inversiones en los instrumentos financieros de Sociedad Minera Illapa S.A., específicamente en los Pagarés Bursátiles Illapa I (USD), según los informes de diversificación de cartera disponibles:

Al 31 de diciembre de 2019: Los Pagarés Bursátiles Illapa I (USD) representaban el 0,001% del valor total de la cartera del Fondo de Capitalización Individual (FCI). Dado que el valor total de la cartera del FCI al 31 de diciembre de 2019 fue de USD 19.188.305.075, el monto invertido era aproximadamente de USD 191.883,05. Y el siguiente año subió…

Al 31 de diciembre de 2020: La participación de los Pagarés Bursátiles Illapa I (USD) en la cartera del SIP se incrementó al 0,049%. Considerando que el valor total de los Fondos del SIP a esta fecha fue de USD 20.998.251.254, el monto de la inversión ascendía a aproximadamente USD 10.289.143,11. Los informes detallados de este período también muestran pagarés bursátiles en dólares con un valor nominal de USD 20.000.000 y un valor de mercado de USD 20.344.584, representando el 0,10% del total de la cartera.

Al 31 de diciembre de 2021: Los Pagarés Bursátiles Illapa I (USD) mantenían una presencia en la cartera del SIP, representando el 0,0459% del total. Con un valor total de los Fondos del SIP de USD 22.561.782.075, esto equivale a aproximadamente USD 10.355.548,83 invertidos en estos instrumentos.

Al 30 de abril de 2022: La presencia de los Pagarés Bursátiles Illapa I (USD) se mantuvo en el 0,045% de la cartera. Con un valor total de los Fondos del SIP de USD 23.063.491.995, el monto de la inversión era de aproximadamente USD 10.378.571,40.

Es importante destacar que el programa de Pagarés Bursátiles Illapa I tenía un vencimiento que, según los detalles de una emisión específica, era el 4 de febrero de 2021. Pero, a pesar de esto, los informes de diversificación de los Fondos del SIP muestran la existencia de “Pagarés Bursátiles Illapa I (USD)” en las carteras hasta abril de 2022.

Emipa también tuvo lo suyo

Y los dólares de los ahorros de los bolivianos igualmente llovieron a las empresas gonistas del oriente. Los Bonos a Largo Plazo de Empresa Minera Paititi S.A. (Bs) representan aproximadamente USD 27.601.450,62 de la cartera de los Fondos del SIP de la Gestora Pública al 31 de diciembre de 2024.

También reporta deudas financieras con bancos bolivianos que, a su vez, reciben financiamiento de la Gestora y antes de las AFP:

Al 31 de agosto de 2023, la Sociedad registra deudas bancarias por Bs 6.960.000 con el Banco FIE S.A. para capital operativo o de inversión. Esta deuda está respaldada por una garantía quirografaria y prendaria sobre activos específicos de la planta.

EMIPA también mantiene préstamos a largo plazo con su casa matriz, Orvana Minerals Corp. y Orvana Sweden International AB, controladas por GSL, como se anotó líneas arriba, para cubrir costos operativos, exploración y costos del proyecto óxidos. Estos préstamos no tienen plazo de vencimiento conocido y devengan un interés del 5% anual sobre los saldos sin garantía.

Al 31 de diciembre de 2022, préstamos anteriores con Banco BISA S.A. para la ampliación de un dique de colas y compra de equipo pesado, así como un préstamo para reestructuración laboral, fueron cancelados.

Emisión de Bonos y Calificación de Riesgo

Ya con la Gestora en acción y desplazadas las dos AFP, el flujo de capital siguió abundante:

Bonos EMIPA I: EMIPA S.A. ha emitido los bonos denominados “Bonos EMIPA I” por Bs 327.120.000 por 3 años en moneda boliviana, emisión autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) mediante Resolución ASFI/1199/2023 de fecha 17 de noviembre de 2023.

Concluida la colocación de bonos, se activó un fideicomiso EMIPA Construcción destinando hasta Bs 293.753.760 para su constitución, administrado por Banco BISA S.A. como fiduciario, para la construcción y puesta en marcha del Proyecto Óxidos.

La mina de moda en 2025

La Empresa Minera San Lucas resulta la más activa del grupo en los últimos dos años. La ASFI le autorizó un programa de emisión de pagarés bursátiles para su venta en el Mercado de Valores de Bolivia por Bs 140.000.000, destinados a capital de operaciones para compra de mineral y concentrados.

Emisiones Realizadas:

Emisión 1: Bs 70.000.000. Autorizada el 12 de febrero de 2025.

Emisión 2: Bs 70.000.000. Autorizada el 11 de junio de 2025.

Nuevamente dinero de los bolivianos a conocidas manos empresariales. En base a esos pagarés se financia directamente el capital de trabajo de la empresa. Le permite adquirir mineral y concentrado de sus proveedores (cooperativas mineras y empresas privadas) para su posterior procesamiento y venta. Sin este capital de operaciones, según analistas consultados, la capacidad de la empresa para sostener sus volúmenes de compra y venta se vería afectada. La estructuración de estos pagarés es clave para su estrategia financiera.

Dinero captado: a marzo de 2025, el flujo de efectivo por actividades de financiamiento muestra una emisión de pagarés por Bs 70.000.000, lo que contribuyó al aumento de efectivo y sus equivalentes en Bs 66,50 millones. Las proyecciones muestran desembolsos de préstamos bancarios, pagarés y bonos que ascienden a Bs 103.944.760 en septiembre de 2025, lo que indica la magnitud del financiamiento que la empresa busca y obtiene del mercado de valores boliviano para potenciar su crecimiento y operaciones.

La banca, financiada por la Gestora, también gana

Pero no solo las AFP pagaron al gonismo con amor su llegada a Bolivia y la administración de su ahorro interno. Las AFP también financiaron con Depósitos a Plazo Fijo (DPF), con la compra de bonos bancarios bursátiles y otros títulos valor a la banca boliviana. Esas mismas empresas vinculadas a GSL obtuvieron en el transcurso de estos 20 años, miles de millones de bolivianos en préstamos bancarios, según los reportes de la ASFI de cada una de esas empresas.

Illapa S.A., por ejemplo, obtuvo el 24 de abril de 2025 un préstamo con el Banco BISA S.A. por un importe total de Bs 90.500.000. Poco antes, el 31 de marzo de 2025, recibió un préstamo por Bs 45.962.000 con el Banco de Crédito de Bolivia S.A.

¿Financiadores de Goni? (nombres y apellidos)

Todo lo anterior solo ha sido posible gracias a actores, operadores y políticas de Estado puestas a disposición de los intereses expuestos y documentados. Como se vio, nada se tocó respecto de la forma de prestar (“invertir”, se dice en la jerga financiera) los ahorros de los trabajadores. La nueva Ley de Pensiones No. 065 aprobada en 2010 por el gobierno de Evo Morales y García Linera, publicada en una página web del Ministerio de Economía como “la primera ley consensuada con los trabajadores”, constituye, en lo relativo al destino de los ahorros (“inversiones”), una copia casi exacta de la Ley de Pensiones aprobada en noviembre de 1996 por GSL.

La nueva ley encarga a la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo “priorizar los recursos de los Fondos administrados en empresas productivas” (Art. 140 III). Adicionalmente, en su artículo 143 (INVERSIONES EN EL EXTRANJERO), establece que “las inversiones realizadas en el extranjero no deberán ser mayores al cincuenta por ciento (50%) de cada Fondo administrado”. La expresión de 2007 de Luis Arce Catacora, Ministro de Economía, se volvió ley.

Se apeló a una redacción idéntica al artículo 41 de la Ley de Pensiones No. 1732, donde se dispone que el “Directorio del Banco Central de Bolivia fijará el límite máximo autorizado para inversiones en títulos-valores de emisores constituidos en el extranjero, el cual no podrá ser menor a diez por ciento (10%) ni mayor a cincuenta por ciento (50%) de cada fondo de capitalización individual”. Prácticamente nada cambió entre noviembre de 1996 y diciembre de 2010.

La “jerga” y la “tecnología” bursátil y financiera son una especialidad. La entienden y voluntariamente la complican sus propios actores y beneficiarios. ¿Era posible para Evo Morales, dirigente sindical sin trayectoria académica, entender el intrincado mundo que dominaban Luis Arce Catacora, exfuncionario del BCB antes de ser ministro de Hacienda en 2006, o Álvaro García Linera, vicepresidente de Evo Morales, con estudios universitarios en México y analista de los procesos políticos y económicos de nuestro país y los de Latinoamérica? La respuesta a esta interrogante resulta fundamental para deslindar responsabilidades históricas.

Ni García Linera ni Arce Catacora podrán afirmar que desconocían los efectos prácticos de la aplicación de esas disposiciones. Hoy mismo Bolivia siente los efectos devastadores en su economía: carece de divisas para comprar combustibles y para financiar el comercio exterior. No controla las divisas resultantes de la exportación de minerales, agroproductos ni servicios, pese a que los bolivianos subsidian la energía para las empresas que exportan lo producido en esas condiciones ventajosas que todos pagamos.

Basta constatar el siguiente reporte financiero de la Empresa Minera San Lucas: “La cuenta ‘Diferencia de Cambio’ en sus estados de resultados a marzo de 2025 es consistentemente positiva, reflejando ganancias por las fluctuaciones cambiarias debido a su actividad exportadora.

• A septiembre de 2024: Bs 67,92 millones.
• A marzo de 2025 (12 meses): Bs 177,46 millones.

A marzo de 2025, la empresa tenía una posición neta activa en moneda extranjera de USD 20,40 millones, compuesta principalmente por disponibilidades, cuentas por cobrar comerciales y préstamos por cobrar a relacionadas. Esto demuestra su capacidad de generar y mantener divisas dentro del país, mitigando el riesgo de tipo de cambio al operar en dólares para sus ingresos”. No es la primera vez que empresas de GSL ganan millones por diferencias en tipos de cambio de divisas. Ocurrió en el gobierno de la UDP, cuando uno de sus hombres de confianza, Óscar Bonifaz Paz, era ministro de Hacienda y repartía dólares preferenciales.

Ese botón de muestra refleja con claridad dónde están las divisas y por qué a todos los demás bolivianos nos faltan.

Los facilitadores del negocio

Pero los operadores del siguiente nivel también son claves. El País cursó preguntas a varios de los involucrados en el presente reportaje, pero hasta la fecha de su publicación no obtuvo respuestas, o, en otros casos, no fueron encontrados. Entre los operadores más relevantes está Mario Guillén Suárez, quien fungió 8 años y cuatro meses (2009-2017) como viceministro de Pensiones y Seguros, mientras Arce Catacora ejerció de Ministro de Economía; Guillén luego asumió como Ministro durante año y medio, a la espera del retorno de Arce. Este funcionario aprobó reglamentaciones y operaciones para el uso del ahorro previsional vía las AFP.

También fueron responsables de este manejo las mujeres del entorno político administrativo de Arce Catacora. En este grupo se halla María Nela Prada que ejerció como directora de gabinete del Ministerio de Finanzas durante toda la gestión Luis Arce y, luego, hasta el presente, como Ministra de la Presidencia. También destaca particularmente Ninette Denise Paz Bernardini quien fue asesora de gabinete, luego presidenta del Directorio del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) y miembro del Directorio del BDP Sociedad de Titularización, la sucesora de Nafibo SAM. Es decir, la instancia que en 2008 obtuvo los primeros USD 156 millones para Sinchi Wayra.

Suma en la singular lista Ivette Espinoza, quien ejerció como directora de Normas y Supervisión de la ASFI, ha sido tres veces directora general ejecutiva de la ASFI y, en el tope de su carrera, viceministra de Pensiones y Servicios Financieros. Todo en los últimos 18 años y María Esther Cruz López, directora de la APS, entidad que controla la Gestora y controlaba las AFP. El grupo cuenta también con Lenny Valdivia, dos veces directora general y ejecutiva de la ASFI y, para mayores señas, Ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción entre 2015 y 2017.

A los mencionados se añade la nueva generación de compañeros, alumnos y excompañeros de Arce Catacora en el BCB, como Marcelo Montenegro Gómez García, actual ministro de Economía y exfuncionario del BCB, Sergio Cusicanqui, ministro de Planificación.

Un caso especial

Pero además suman en el esquema actores de larga relación y convencimiento íntimo sobre lo beneficioso del esquema de movimiento de capital y ahorro como Jaime Durán Chuquimia, actual director de la Gestora, y, muy especialmente, una reciente incorporación al equipo: Moisés Murillo Lima, Gerente de Inversiones de la Gestora, designado en junio de 2023, nada menos que con antecedentes como haber ganado el premio a “Mejor Operador de bolsa” en la gestión 2020.

Es decir, bajo el riesgo de la figura de las “puertas giratorias”, Murillo Lima saltó de accionista y ejecutivo de la Agencia de Bolsa Multivalores S.A., empresa de la que es parte de su accionariado el señor Eduardo Valdivia Zambrana, cuyos vínculos político empresariales serán desarrollados en próxima entrega. Pero valga citar que cierran complejos circuitos de intereses.

Adelantemos ahora los planes formulados por Murillo cuando fue designado en la posición clave de Gerente de Inversiones. Es decir, las previsiones que lanzó al asumir el cargo que decide dónde, a favor de quiénes y cuánto y por qué tiempo e interés se prestará el dinero de los trabajadores.

Según la agencia estatal de noticias ABI, Murillo Lima dijo: “El expertise que tengo espero poder plasmarlo y contribuir a la Gestora. Nosotros primero vamos a avanzar todo lo que son las inversiones, en tres pilares fundamentales”. Explicó que el primer pilar es la diversificación, la cual responde a mitigar el riesgo sistémico invirtiendo, por ejemplo, en los sectores de oleaginosas y telecomunicaciones, que no tienen ninguna correlación.

Luego añadió que el segundo pilar es la rentabilidad, que implica los beneficios que se obtendrán por las inversiones. “Ustedes saben que todas las inversiones tienen un riesgo y los riesgos van a ser medidos y obviamente vamos a esperar una rentabilidad acorde al riesgo que vamos a asumir como Gestora”.

El tercer pilar tiene que ver con la seguridad, que implica que los aportantes estén tranquilos. Es decir que no se invertirá “en ningún activo especulativo ni de alto riesgo”, se hará “inversiones seguras con calificaciones de riesgo buenas”.

Dos años después, ya podemos evaluar los hechos concretos…

Tras romper en 2006 con el Gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera, en 2010 Andrés Soliz Rada publicó un artículo crítico sobre las desviaciones del “proceso de cambio”. El título de aquel texto parece sintetizar los debes y haberes de las cuentas de los bolivianos hoy afectados por una marcada crisis económica. Soliz Rada tituló aquel texto: “SÁNCHEZ DE LOZADA GANÓ LA GUERRA DEL GAS”.

vía El Pais