Cercados judicialmente, los prorrogados deciden poner fin a su mandato en el TCP y el Supremo
En el momento judicial más complicado, este martes, mediante un auto constitucional, los magistrados prorrogados del TCP decidieron poner fin a su mandato ilegal y se dieron un plazo de 10 días para resolver las causas pendientes que tienen a su cargo.
El auto constitucional “dispone la finalización de la prórroga de las máximas autoridades que por disposición del punto cuarto de la DPC 0049/2023, continuaron con sus funciones después de cumplimiento de su mandato de seis años, concretamente de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinaiconal: Gonzalo Miguel Hurtado, René Yván Espada Navía, Isidora Jiménez Castro, Julia Elizabeht Cornejo Gallardo, y Karamen Lorena Gallardo Sejas; y de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia: Ricardo Torres Echalar y Carlos Alberto Eguez Añez”, dice el punto número 1 del autoconstitucional con fecha de este 25 de noviembre.
El fallo del TCP fue propuesto por el magistrado prorrogado Yván Espada Navia y aprobado por el resto de los prorrogados del Constitucional, pero no firmaron los tribunos Edson Dávalos Rohas, Boris Arias López, Paola Verónica Prudencio Candia y Amalia Laura Villa “por no haber conocido el asunto principal”.
La resolución del auto constitucional establece “El cese de sus funciones, a ejecutarse dentro del plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación con el presente fallo a las máximas autoridades de los´Organos Legislativo, Órgano Judicial y Órgano Electoral; tiempo necesario para el despacho de causas pendientes de resolución, cuya fecha de vencimiento se cumpla hasta dicho plazo”.
Esta determinación judicial coincide con la audiencia de acción popular que se realizaba este martes en la sala constitucional del departamento de Potosí para aprobar o descartar el pedido de que se ponga fin al mandato inconstitucional de los prorrogados del TCP y del TSJ.
Y hay que recordar que la Fiscalía del departamento de Chuquisaca admitió una demanda penal contra los prorrogados para que sean investigados por la comisión de delitos penales, en el contexto de que ronda un pedido para que sobre los seis se adopte el arraigo para que no salgan del país.
Asi llega a su fin, por decisión propía, la gestión de los prorrogados que se pusieron en contra del país entero para mantenerse en ambos tribunales, con respaldo del anterior gobierno.
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