Contrabando de carburantes: un agujero negro de $us 2.687 millones
El contrabando de combustibles vuelve a colocarse en el centro del debate nacional tras revelarse que aproximadamente el 30% de los carburantes subvencionados en Bolivia termina alimentando el mercado ilegal, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Solo en los últimos tres años, esta fuga representa una pérdida estimada de 2.687 millones de dólares, un monto que golpea directamente a las finanzas públicas en un contexto económico difícil.
Mientras el Gobierno reconoce fallas estructurales en los sistemas de control y anuncia una revisión a fondo del B-SISA y otros mecanismos, desde Tarija surgen cuestionamientos más profundos sobre el manejo institucional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la falta de modernización y la persistencia de prácticas internas que permiten que el contrabando prospere.
Tres años de pérdidas millonarias
El asambleísta departamental tarijeño Luis Lema realizó un análisis basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2022, 2023 y 2024. Según sus cálculos, Bolivia destinó 8.900 millones de dólares a la subvención de combustibles en ese periodo. Si el 30% se desvió al contrabando, la pérdida es colosal.
“Algunos sin vergüenzas nos han robado casi 2.700 millones de dólares en tres años; eso equivale casi a un año entero de importación de combustibles”, denunció Lema.
El legislador insiste en que este problema no es reciente. Desde hace años se han levantado alertas sobre desvíos sistemáticos que involucran redes criminales y sectores específicos en las fronteras.
Los actores detrás del desvío
Lema identifica al menos cuatro sectores que históricamente han estado vinculados al contrabando de carburantes: Narcotráfico, que utiliza combustibles para la producción y transporte de droga; Minería ilegal, que requiere grandes volúmenes de diésel para maquinaria pesada; Contrabando fronterizo, particularmente hacia Perú, Chile, Brasil y Argentina; Autos chutos, que utilizan gasolina y diésel adquiridos con precios subvencionados.
Sin embargo, para el asambleísta, la raíz del problema es todavía más profunda, una estructura institucional de YPFB que, asegura, ha permanecido “secuestrada” durante 20 años por intereses políticos y sindicales.
YPFB bajo la lupa
Lema sostiene que la petrolera estatal enfrenta problemas similares a los que llevaron al colapso de la Comibol hace cuatro décadas.
“Hace 40 años, Comibol tenía 27.000 trabajadores y gastaba más de lo que ingresaba. Hoy YPFB atraviesa una situación comparable, precios del gas por los suelos, la falta de reservas, una estructura sindical inflada y corrupción evidente”, señaló.
El legislador recuerda un dato revelado el año pasado, cerca de 60 trabajadores de YPFB estaban declarados en comisión, lo que significó un gasto aproximado de 1 millón de bolivianos mensuales sin retorno productivo.
“Si a eso sumamos la subvención que ya no puede pagar YPFB y los casos de corrupción descubiertos, está claro que necesitamos una reforma profunda. No puede haber impunidad”, remarcó.
Gobierno admite irregularidades
Las denuncias internas no solo provienen de Tarija. A nivel nacional, las autoridades han comenzado a reconocer fallas serias en el control del combustible, atribuidas al mal manejo durante el gobierno de Luis Arce.
La directora de la ANH, Margot Ayala, confirmó la semana pasada que existen indicios claros de irregularidades heredadas del anterior Gobierno, incluyendo desvíos sistemáticos hacia países vecinos.
“No les doy datos oficiales, pero sí es lo que estamos viendo ahora, analizando”, afirmó Ayala al mencionar la estimación del 30% de desvío.
La autoridad indicó que se está realizando una revisión integral del B-SISA, el Sistema Integrado de Seguridad de Abastecimiento, que controla la venta de combustibles mediante tarjetas y sensores en los surtidores. Pero también insinuó que habría participación de personal interno en las redes de desvío, lo que agrava el escenario.
El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, también reconoció esta semana que el desvío y la corrupción permanecen activos en las unidades encargadas de la distribución de carburantes.
“Aún existe corrupción, aún existe desvío de combustible, aún existen las tarjetas que vendían hasta en 5 mil bolivianos y que solo servían para corrupción”, señaló.
Estas tarjetas permitirían cargar combustible de manera irregular, esquivando los controles del B-SISA y facilitando el acopio para actividades ilegales.
Una muestra reciente de ello es el campamento minero aparentemente ilegal descubierto en el norte paceño, donde se hallaron grandes cantidades de combustible almacenado.
Contrabando
Mientras el contrabando no sea frenado de forma efectiva, los esfuerzos para normalizar el suministro seguirán enfrentando limitaciones
Romero: La subvención representa el 8% del PIB
El analista económico, Fernando Romero, señaló que el nuevo Gobierno recientemente reveló que la subvención a los carburantes representa entre el 4% y 8% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que se traduce en 3.200 millones de dólares al año.
“Son 30 años y más que estamos con la subvención a los hidrocarburos, por lo menos 15 años que estamos con el precio congelado del diésel y la gasolina. (…) se tendrán que poner los pantalones las autoridades y evitar que esto se vaya de contrabando, porque frenando el desvío a autos chutos, minería ilegal, narcotráfico y contrabando, se dejaría de importar un 40% extra, se gastaría menos en subvención, menos en importación e inclusive se podría mantener la subvención momentáneamente, que en algún momento se tiene que tocar”, manifestó.
Vía El País
