La Gobernación de Tarija licitó dos obras en tres años de gestión
Por EL PAÍS
En 35 meses de gestión, la Gobernación de Tarija ha licitado solo dos obras según el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes). La primera fue la Rehabilitación Del Puente San Telmo Sobre La Ruta D621, licitada en mayo de 2022; y la segunda ha sido la Construcción del Puente Vehicular Campanario – Pueblo Nuevo en septiembre de 2023, entre las dos suman 7,3 millones de bolivianos y representan un 0,3% respecto a los ingresos efectivamente percibidos por el Tesoro Departamental según los informes de gestión remitidos desde la institución.
La rehabilitación del puente de San Telmo se adjudicó por 4.770.276 bolivianos que fue ejecutada entre mayo de 2022 y junio de 2023, cuando fue entregada sin observaciones.
El contrato de la construcción del puente vehicular Campanario – Pueblo Nuevo se firmó el 17 de octubre de 2023, esta vez por 2.547.284 bolivianos y el plazo previsto de entrega es el 16 de julio de este 2024.
Austeridad y gasto social
Solo en el transcurso del año 2023, el Gobierno Departamental de Tarija tuvo ingresos totales por un monto de 671 millones de bolivianos. De esta cifra, 449 millones provinieron de regalías petroleras, 88 millones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), 5.6 millones del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD), y 1.2 millones de otras regalías. Adicionalmente, 27 millones correspondieron a ingresos propios del Gobierno departamental, mientras que 99 millones quedaron en caja y bancos.
En el año 2022 el monto de ingresos llegó a 822 millones y en 2021, en plena pandemia, los montos de ingresos quedaron en 666 millones, lo que hace un total de 2.159 millones de bolivianos ingresados en los últimos tres años.
Según el informe de gestión brindado por el gobernador Oscar Montes a principios de año, en total, el Gobierno departamental administró 571 millones de bolivianos durante la pasada gestión, de los cuales 174 millones se destinaron a programas sociales como el Prosol, Canasta Alimentaria, el pago de 1%, y la cancelación de ítems gubernamentales en el sector salud.
Además, 107 millones se destinaron para pagar deudas con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y bancos; 76 millones para el funcionamiento del Gobierno departamental y la Asamblea Legislativa departamental; 65 millones en cajas y bancos para proyectos comprometidos; 54 millones en proyectos y programas de inversión; 53 millones en unidades de trabajo social; 51 millones en secretarías y sub gobernaciones; 50 millones en unidades de trabajo productivo y 40 millones fueron asignados por leyes nacionales y departamentales.
El presidente de la Federación de Empresarios de Tarija, René Segovia, se refirió al tema y recalcó que desde que bajaron los ingresos por concepto de regalías ni las alcaldías ni la Gobernación están licitando obras.
“Y si lo hacen son muy, muy pocas. Por eso todas las empresas están trabajando afuera, más del 80%”, asegura. Considera que, además de la caída de ingresos, existen otros problemas que frenan la licitación de obras en Tarija, como el aparato burocrático en la Gobernación y los compromisos asumidos por anteriores gestiones.
“Eso impide que haya obras de impacto, porque la Gobernación debe cumplir esos compromisos sociales”, indicó.
El asambleísta por el Movimiento al Socialismo (MAS), Eider Quiroga, es más crítico y esta situación como un incumplimiento del Gobernador a sus promesas electorales. El tema ya fue analizo en la bancada opositora, desde donde alistan una Petición de Informe sobre la ejecución presupuestaria.
“Esto es de conocimiento público, que las promesas del Gobernador no han sido cumplida, entonces no es de extrañarse. Nosotros estamos haciendo una Petición de Informe sobre la ejecución del POA 2023 y pediremos documentación para entrar en detalle”, adelantó.
2023
Según el informe de gestión, el Gobierno Departamental administró 571 millones de bolivianos durante la pasada gestión
Los recursos seguirán cayendo en Tarija
En base a los informes que la Gobernación recibe de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el gobernador, Oscar Montes, confirmó que en la gestión 2023 hubo una disminución próxima a los 1.000 millones de dólares de renta petrolera, esto en comparación a la gestión 2022, lo que se traduce en 35,7% menos.
Y esta situación será similar el 2024. Se estima que este año llegará 14% menos del techo presupuestario establecido por el Ministerio de Economía, lo que se traduce en 80 millones de bolivianos que no recibirá Tarija.
